Detrás de la maniobra de los policías por zafar de la pena correspondiente a su delito, es de sospechar que se encuentre el propio presidente Lenín Moreno, o gente de su entorno, y que todo sea parte de la tarea de Law Fare que se ha instrumentado para perseguir a los dirigentes políticos que se niegan a traicionar las políticas que votó el pueblo.
Un ex ministro del gabinete de Lucio Gutiérrez ha emprendido la defensa de cuatro expolicías, sentenciados por intento de magnicidio contra Correa, el 30 de septiembre de 2010, para contraatacar al ex mandatario y responsabilizarlo por los heridos y muertos ocurridos aquel día de sublevación policial.
Los sentenciados, hoy en prelibertad, dicen haber sido inculpados sin evidencias y en contra de pruebas que los favorecían.
Sin embargo, el dirigente político Virgilio Hernández, quien permaneció junto a Correa el día de los incidentes, cree que se fraguaba algo más grande.
Uno de los testigos civiles que presenciaron las balaceras contra la habitación y el vehículo donde fue rescatado el ex presidente por el Ejército desmiente todo. Argumenta que las evidencias en vídeo presentadas por el documental muchedumbre 30S desenmascaran a los agresores.
Esta nueva denuncia penal es presentada a pocos días de cumplirse 9 años del incidente, sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya podido desmentir la retención ilegal y el intento de magnicidio contra el ex presidente Correa.
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