La Fiscalía también indicó que 1957 arrestados quedaron en prisión preventiva y a 20 525 individuos se les prohibió asistir a determinados lugares, acercarse a las víctimas y salir del país, entre otras disposiciones dictadas por los tribunales.
Las protestas en Chile, que ya cumplen seis semanas, empezaron para rechazar la subida de la tarifa del metro en Santiago (la capital), pero al poco tiempo los manifestantes comenzaron a exigir la renuncia del presidente chileno, Sebastián Piñera, al que acusan de la crítica situación económica que aqueja al país.
En respuesta a las protestas, el mandatario chileno optó por la política de mano dura y, en un intento por controlar la violencia generada en las manifestaciones, decretó el estado de emergencia por un período de nueve días, medida que otorgó a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la población y el resguardo de la vía pública ante las fuertes marchas, saqueos e incendios que se produjeron.
El número creció 61% hasta el 22 de noviembre pasado, respecto de igual periodo de 2018. Las prisiones preventivas suman 1.957 en el mismo lapso y el total de medidas cautelares asciende a más de...
La misma jornada del sábado, la Policía uniformada chilena, conocida como los Carabineros, informó que, hasta el 30 de noviembre, el balance de los detenidos por las manifestaciones sumó más de 18 000 personas. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) consideraron la represión protagonizada por los Carabineros la situación más preocupante para los derechos humanos durante las protestas.
El Gobierno de Piñera, con un 12 % de popularidad y sin un oficialismo que lo arrope, ha hecho oídos sordos al clamor ciudadano y, para silenciar cualquier voz disidente, ha reprimido las protestas con violencia.
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