La decisión del gobierno nacional empaña el desempeño de la cartera en manos de Juan José Aranguren, que llegó allí desde el cargo de CEO de la petrolera anglo-holandesa Shell, de la que además es (o era, nunca quedó claro) accionista.
En lugar de que las centrales termoeléctricas compraran individualmente el gas necesario para generar electricidad, se decidió que fuera la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) la que centralizara todas las compras, a través de una subasta.
El resultado de la subasta del pasado 27 de diciembre fue que la CAMMESA logró comprar gas a un valor promedio ponderado de 1,8 dólares MMBTU. Incluso abrochó operaciones a valores que algunos consideran debajo del costo de producción, como los 0,92 US$/MMBTU que ofertó y concretó YPF.
En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el valor pagado fue 4,89 dólares. No hay otra explicación más que el sobreprecio y el negociado a la hora de buscarle motivos esta diferencia del 170% en el precio de un commodity en la misma época del año.
Esta operación se pudo volver a hacer centralizada en CAMMESA a partir de la Resolución 12/2019 del 27 de diciembre firmada por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. Lo que hizo esa medida fue derogar la Resolución 70/2018 de los ministros Juan José Aranguren y Nicolás Dujovne, que era justamente la que facultaba a los generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a "procurarse el abastecimiento de combustible propio para la generación de energía eléctrica".
Al centralizarlo todo en CAMMESA, la ecuación fue bastante más favorable según se desprende de un informe del OETEC (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo).
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