Esta sesión de diálogo, que se realizó tras las movilizaciones y que contaba con la participación del Gobierno de Áñez, organizaciones sociales y legisladores, consensuó el susodicho proyecto de ley para ofrecer garantías de seguridad y derechos políticos, además de para garantizar que un eventual procesamiento de dignatarios se hiciera por la vía constitucional y legal.
La iniciativa fue devuelta al Congreso de los Diputados, donde se aprobó el 6 de diciembre, porque hubo modificaciones. El Gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez rechazó la ley y amenazó con no promulgarla, tras ser aprobada por el Congreso, bajo el argumento de que implicaba “impunidad” para los exmiembros del Gobierno del presidente depuesto y dirigentes “vinculados con delitos”.
En concreto, el artículo siete establece que “el Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianos y bolivianas, extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizados del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”, según ha recogido el diario local La Razón.
La presidenta el Senado, del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), Eva Copa, confirmó que el instrumento debe ir a la Cámara de Diputados, y advirtió que, si el Ejecutivo no lo promulga, lo hará ella, aunque esto no significa en ningún caso impunidad para el exmandatario.
“Nosotros estamos remitiendo a la Cámara de Diputados y tienen que aprobar las modificaciones que se ha hecho para su promulgación. Nosotros lo vamos a remitir como corresponde al Ejecutivo y si el Ejecutivo no lo quiere promulgar, lo haré yo como presidenta de la asamblea”, dijo Copa.
Asimismo, Copa explicó que la aprobación del proyecto de ley cumple con los acuerdos alcanzados en las negociaciones para pacificar el país y tiene como objetivo “garantizar los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas”.
“Es importante para nosotros dar cumplimiento a estos acuerdos en torno a poder garantizar [...] que no va a haber persecución política para nuestros dirigentes y liberar a las personas detenidas que no han tenido un debido proceso. [...] Es la solución para pacificar el país y que no haya más conflictos”, aseguró.
Después de que el presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, se vio forzado a renunciar de su cargo el 10 de noviembre tras una ola de protestas orquestada por la oposición, se autoproclamó un Gobierno de facto, lo que provocó protestas masivas del pueblo y una brutal represión policial.
En este sentido, de acuerdo con el proyecto de ley, los familiares de los muertos en los enfrentamientos recibirán una indemnización tras rápida evaluación y las personas heridas en las movilizaciones sociales, registradas a partir del 21 de octubre, se beneficiarán de servicios médicos públicos y privados de manera gratuita.
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