Al momento de fundar su resolución, la justicia sostuvo que los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la justicia continúan y también tuvo en cuenta la gravedad de los crímenes que se imputan y las maniobras corporativas que desplegaron, desde el primer momento, para ocultar los rastros del delito y garantizarse la impunidad.
Al cumplirse nueve meses de la masacre de Monte, los imputados recibieron un nuevo revés judicial: el juzgado de garantías N 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por los ex policías Leonardo Ecilape y Héctor Ángel.
En junio del año pasado, el juez platense había dictado la prisión preventiva para once de los trece imputados, esa decisión fue luego ratificada por la Cámara de apelación y garantías en lo penal.
Durante la audiencia que se realizó la semana pasada para tratar el nuevo pedido de morigeración de la prisión, tanto lo fiscalía como los particulares damnificados, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) —que patrocina a dos de las familias—, coincidieron en señalar que seguían vigentes los riesgos procesales que habían justificado aquella decisión: esto es la posibilidad de los acusados de fugarse o entorpecer la investigación.
Para fundamentar la resolución que dio a conocer ayer, el juez Silva Pelossi remarcó la gravedad de los delitos que se imputan y los intentos por entorpecer la investigación que los mismos imputados desplegaron desde los instantes posteriores a la persecución mortal.
Leonardo Ecilape es uno de los cuatro ex policías imputados por el asesinato de Danilo Sansone, Camila López, Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez y el intento de homicidio de Rocío, la única sobreviviente. Era uno de los agentes que se trasladaban en los patrulleros que persiguieron y dispararon contra el vehículo en el que viajaban los adolescentes.
Por su parte, Héctor Ángel está imputado por encubrimiento agravado. Era uno de los dos oficiales de calle que estaba de guardia la madrugada de la masacre y, además, se supo estaba en el centro de monitoreo donde intentaron fraguarse los registros de las cámaras para borrar las imágenes de la persecución policial.
En ese sentido, y ante la posibilidad de tener que enfrentar una pena de expectativa alta, Silva Pelossi consideró que existe un peligro real de fuga por parte de los imputados. Por otra parte, el juez también recordó que las acciones desarrolladas por los policías para encubrir el delito son la muestra más concreta del interés de los mismos por entorpecer la investigación judicial.
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