De acuerdo a la información provista por el diario Perfil, un grupo de pequeñas empresas se presentaba operando como "usinas mixtas de facturas falsas", que trata de una metodología para la creación de empresas falsas.
Igualmente en ese caso las usinas mixtas son empresas reales. Los proveedores que se investigan son compañías inscriptas oficialmente y con empleados registrados.
Entonces estas empresas pequeñas simulan tener más capacidad de servicios de la que realmente tienen.
Estas pequeñas compañías contratadas por las tres energéticas, desviaron alrededor de unos $ 900 millones entre los años 2015 y 2019.
El juez federal número 1 de San Martín, Emiliano Canicoba, es quien se encarga de la causa. Entre sus elementos que sostienen su investigación está el informe preliminar de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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