“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», dijo Bachelet, según cita la nota de prensa sobre la presentación del documento de la ONU.
Informe
En su “Informe sobre la situación de DDHH con posterioridad a las Elecciones del 20 de octubre de 2019”, el organismo de derechos humanos de la ONU concluyó que en la fase postelectoral de 2019 “la conducta del Estado ante la crisis transgredió los estándares internacionales de derechos humanos”.
El documento se basó en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. “Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias”, señala la nota de prensa.
“Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos”, dijo Bachelet.
El informe se concentró en las masacres de Sacaba y Senkata, como calificó antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y consideró que de acuerdo a los testimonios ofrecidos “por las autoridades y las víctimas y testigos revelan inconsistencias, que deberían ser aclaradas exhaustivamente”.
“A la fecha, no se ha responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas durante las protestas en Sacaba y Senkata”, reclama la OACNUDH.
Sacaba y Senkata
De acuerdo a información preliminar, el informe señala durante las operaciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, el 15 de noviembre, murieron nueve personas y más de 100 resultaron heridas, y en Senkata, el 19 de noviembre, fallecieron otras 10 personas y al menos otras 30 terminaron heridas.
Al respecto, OACNUDH señaló que “el Gobierno negó que las fuerzas de seguridad hubieran utilizado armas de fuego en Sacaba y Senkata y afirmó que algunos de los manifestantes dispararon causando todas las muertes”.
Sin embargo, concluyó que “no hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.
Entonces, sobre Sacaba, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a los medios que los manifestantes se dispararon entre ellos, y su par de Defensa, Luis Fernando López, aseguró sobre la represión en Senkata que “el Ejército no disparó ni un cartucho”.
El Decreto 4078
Sin embargo, el informe recuerda que “los acontecimientos de Sacaba y Senkata tuvieron lugar en los días posteriores a la promulgación del Decreto Presidencial 4078 de 14 de noviembre de 2019”.
“El decreto recibió críticas por actores internacionales en cuanto incluía disposiciones vagas que limitaban, en determinadas circunstancias, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por los actos cometidos al hacer uso de la fuerza durante sus intervenciones en apoyo de la policía”, insiste.
Finalmente, el informe de la OACNUDH recuerda que el decreto fue abrogado el 28 de noviembre “luego de la adopción de algunas medidas positivas de distensión y el cese significativo de las protestas”. La abrogación del decreto eliminó los obstáculos formales para investigar la conducta de las Fuerzas Armadas”, añade.
Bachelet, ex presidenta de Chile, afirmó que "las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales".
“Esto es esencial no solo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad”, dijo.
Esclarecimiento
Como también lo advirtió Bachelet, el informe consideró que “la falta de rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data que la reciente crisis puso en evidencia, contribuyen a potenciar la polarización existente y la violencia”.
Para esa tarea sugirió “asegurar que la Fiscalía General del Estado sea plenamente imparcial” y también la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos”.
Pero también observó que “que el mantenimiento del orden público esté reservado primariamente a los cuerpos policiales civiles”. Y en ese sentido, consideró que “la participación de las Fuerzas Armadas debe excluirse o realizarse de manera extraordinaria, regulada, subordinada a las autoridades civiles y fiscalizada por órganos civiles competentes”.
También cuestionó la participación de grupos irregulares en tareas que corresponden a institucionales del Estado. Se debe “asegurar que grupos de individuos no desempeñen funciones de seguridad propias del Estado”, señala.
Previamente a la represión de Sacaba, la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) intentó disuadir las movilizaciones, al punto de detener y golpear a dirigentes y manifestantes. Tanto la ONU como la CIDH también observó las actuación de este grupo irregular en protestas recientes, como en K’ara K’ara. Durante los últimos conflictos, este mismo grupo intentó disuadir las protestas en La Paz y Cochabamba.
La CIDH también consideró en uno de los primeros informes del caso que en Sacaba y Senkata hubo masacre, una violación sistemática de derechos humanos, y Human Rights Watch también se sumó a las denuncias de violación de derechos humanos durante la fase postelectoral en el país.
El viernes, Amnistía Internacional presentó también su informe y señaló que en fase postelectoral de 2019 hubo violaciones a los derechos humanos y que los hechos se encuentran en la impunidad. Además, cuestionó la persecución a activistas durante los conflictos, de los que atribuyó al gobierno de Morales.
Similar criterio fue expresado por la OACNUDH. “En las primeras semanas de la crisis, durante el anterior Gobierno, OACNUDH observó que la policía no cumplió con su deber de protección. En este contexto, se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes”, señala el informe de la oficina de Bachelet.
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