El juez Rafael Martínez ya detalló el contenido de algunos comunicados de 1997, incluidos en la denuncia fiscal, que dan cuenta de las exigencias al personal de salud de Huancavelica para la captación mensual obligatoria de pacientes a esterilizar.
La semana pasada el magistrado informó que si no se culmina con la lectura del fallo, la audiencia continuará los días jueves 2 y viernes 3 de diciembre. En las cuatro fechas, la sesión se prolongará hasta las 8 o 9 pm.
La denuncia fiscal alcanza a Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, seguida de muerte, en un contexto de violación a los derechos humanos.
Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.
Además, indicó que habría evidencia en los documentos que solicitaban a los pacientes sus consentimientos a la práctica de la esterilización, pero no se redactaron en quechua ni se respetó su idiosincrasia familiar y religiosa.
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