En un informe publicado este jueves, la organización pro derecho humano israelí B’Tselem y el Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH), han revelado que el ente sionista intentó “encubrir la verdad” sobre la brutal represión de los palestinos en las protestas de la Gran Marcha del Retorno entre 2018 y 2019.
De acuerdo al documento, el régimen de Tel Aviv no ha adoptado medida alguna contra altos cargos políticos y militares “responsables de la política ilegal de fuego abierto”, que causó 200 muertos y 800 heridos en la población palestina.
Israel se apresuró a anunciar que está investigando las protestas, principalmente debido a los procedimientos en curso en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, indica el artículo.
Condenando la indiferencia de la CPI al respecto, las oenegés israelíes han añadido que declarar que el régimen está llevando a cabo una investigación “no es suficiente para evitar la intervención de la CPI” y también denuncian que el proceso de pesquisa no ha sido efectivo ni cumplido con los requisitos necesarios.
De igual modo, han asegurado que las investigaciones solo se han centrado en los “soldados de menor rango”, mientras que sí se indagó algunos de los casos en que las fuerzas de seguridad mataron a palestinos, empero, los varios incidentes en que hubo heridos “no se investigaron”.
Las Marchas del Retorno que se efectuaron a lo largo de la valla que separa la Franja de Gaza de los territorios ocupados, reclamaba el derecho al regreso de los refugiados palestinos que abandonaron sus hogares o de los que tuvieron que huir en 1948, tras la fundación del régimen de Tel Aviv.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante esta serie de manifestaciones, que se celebraba cada viernes entre el marzo de 2018 y el diciembre de 2019, los soldados israelíes asesinaron a al menos 214 palestinos.
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