El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires absolvió ayer al ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Juan Etchebarne, y condenó a 10 años de prisión al exagente civil de inteligencia del Ejército Argentino, Raúl Antonio Guglielminetti, por su responsabilidad en las privaciones ilegales de la libertad que sufrieron nueve víctimas durante la persecución al grupo empresarial "Chavanne-Grassi”, bajo la última dictadura cívico militar. El próximo 7 de junio se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
En su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Alejandro Alagia y la fiscal auxiliar Berenice Timpanaro, habían pedido la pena de 20 años de prisión para Etchebarne y 12 años de prisión para Guglielminetti. Desde la fiscalía anticiparon que recurrirá el fallo.
Pasadas las 13.00, el tribunal, integrado por Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Federico Grünberg, leyó ayer el veredicto que comenzó con la declaración de que los hechos que se juzgaron son constitutivos de crímenes de lesa humanidad.
Guglieminetti fue considerado autor penalmente responsable en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas reiterada en nueve oportunidades. En cuanto a Juan Etchebarne fue absuelto por mayoría, con la disidencia del juez Grünberg.
La causa del debate tuvo como víctimas a empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne y Grassi. Las víctimas estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, denominada “cárcel de encausados de Campo de Mayo”, en la provincia de Buenos Aires, en el periodo que va del 13 de septiembre de 1978 hasta el 22 de diciembre de ese año, fecha en la cual fueron “legalizadas”, es decir puestas por decreto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
La trama de persecución a grupo empresarial “Chavanne-Grassi”
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en el marco de la conformación de un grupo de tareas entre integrantes de las Fuerzas Armadas y la CNV para perseguir a personas vinculadas al grupo empresarial. El inicio del accionar delictual comenzó con una investigación realizada por la propia CNV que derivó en una denuncia penal, que recayó en el Juzgado Federal N°2 y fue inmediatamente remitida al Cuerpo Primero del Ejército, con los fines de intervenir sobre la compra del Banco de Hurlingham por parte de Juan Chavanne, una de las víctimas. El supuesto objetivo de este accionar era “recuperar” el dinero que la organización Montoneros habría obtenido por el pago del rescate de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la firma "Bunge & Born".
En este marco, Chavanne fue privado ilegalmente de su libertad el 14 de septiembre de 1978, luego de ser secuestrado en el microcentro porteño por un grupo de efectivos del Primer Cuerpo del Ejército Argentino, armados y vestidos de civil. Posteriormente fue trasladado a la sede del Comando del Primer Cuerpo del Ejército en la ciudad de Buenos Aires y, más tarde, a la cárcel de Encausados de Campo de Mayo, donde fue sometido a tormentos. Esta misma mecánica se repitió con distintas variantes sobre las otras víctimas.
Durante las jornadas de alegato, el fiscal Alagia sostuvo que Etchebarne tuvo una intervención como presidente de la CNV de modo necesario en los secuestros y torturas ejecutados por un grupo de tareas que se encontraba a las órdenes del entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. En su exposición había indicado que el ex titular de CNV “contribuyó a los secuestros por haber autorizado la participación de peritos de la CNV para colaborar con el grupo de secuestradores en la elaboración de los interrogatorios de las personas en cautiverio”.
Asimismo expuso videos con testimonios de víctimas que identificaron a Echebarne en interrogatorios con torturas y sostuvo que “también fue reconocida su presencia en el campo de concentración por autoridades del Primer Cuerpo del Ejército y por funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, que intervinieron en los interrogatorios en el lugar de los hechos”. Con respecto a Guglielminetti, había señalado que como agente civil de inteligencia del Batallón 601 tuvo participación directa sobre nueve secuestros.
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