La diputada provincial Susana González ratificó y amplió este martes la denuncia contra el procurador bonaerense Julio Conte Grand por organizar un sistema de persecución sobre los trabajadores del Astillero Río Santiago y dar cobertura judicial a la corrupción macrista por US$ 95 millones en la provincia de Buenos Aires.
La investigación, a cargo de la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta, compromete al ex interventor del Astillero Río, Daniel Capdevilla, a fiscales locales y a ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Este martes, la diputada amplió su denuncia. “Vengo a ampliar la denuncia penal formulada el día 29 de junio de 2022 contra el ex Interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla y otros; por los hechos que se exponen a continuación, constitutivos prima facie del delito de malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno transnacional, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos”, sostuvo la legisladora en un escrito de 8 páginas al que accedió El Destape.
El caso recayó en el juzgado federal Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla y fue delegado a la fiscalía comandada por Roteta.
La legisladora estructuró su ampliación en un comprobante bancario del 4 de octubre de 2018 que daría cuenta de que Capdevilla realizó una transacción por más de mil millones de pesos desde una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad. Por ese ticket, la diputada realizó en 2019 un pedido de informes en la Legislatura bonaerense, entonces comandada por Juntos por el Cambio, que nunca prosperó.
“En la Solicitud de informes mencionada, hice expresa referencia a una noticia que se había hecho pública de forma reciente y a través de distintos medios periodísticos, en la que se comunicaba la aparición de un comprobante de transferencia bancaria emitido por el cajero nº 211108 del Banco Ciudad, ubicado en la calle Florida 302 de CABA, de fecha 4/10/18 y que pertenecía a la caja de ahorros nº 50175217083 cuyo titular era precisamente el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla. En dicho comprobante se informa una transacción millonaria que generó el asombro de todo aquel que tuvo conocimiento del exorbitante monto de la misma, a saber: mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos ($ 1000000066,65.)”, precisó la diputada.
González solicitó que se pidan informes al Banco Ciudad y al Banco Central con el objetivo de que se determine de dónde provino el dinero que, supuestamente, ingresó a la cuenta Capdevilla para esclarecer quién hizo esa transferencia y quien fue su receptor.
La presentación original de la diputada sostiene que hubo una política en la gestión del Astillero Río Santiago durante la gobernación de María Eugenia Vidal de perseguir a los trabajadores. Para eso, afirma, se designó a Ricardo López al frente de dos áreas claves Seguridad y Recursos Humanos, quien habría reportado en la AFI.
En su acusación de fines de junio, la legisladora había denunciado que, en medio de una investigación contra el gremio ATE, un peritaje arrojó “la revelación de un hecho de corrupción de 95 millones de dólares” por parte de las autoridades del Astillero y que un fiscal cercano a Conte Grand no quiso indagar apropiadamente el delito.
“Un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero”, aseguró la denunciante en ese momento.
Por eso en su ampliación, la diputada sumó este martes el comprobante bancario que da cuenta de una transacción de más de mil millones de pesos desde una cuenta a nombre del interventor del Astillero, Daniel Capdevilla, en el Banco Ciudad.
En este sentido, la legisladora señaló que durante la gestión de María Eugenia Vidal pidió junto a sus compañeros de bloque acceder a la declaración jurada de Capdevilla para ver si podía justificar aquella transacción para esclarecer el hecho, pero no obtuvieron respuesta. En este sentido manifestó que “Conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado y fehaciente para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión.” por lo que “correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades propias”, indicó la diputada y reiteró que como medida de prueba finalmente la justicia pida la DDJJ de Capdevilla.
Además sumó nuevos actores en la maniobra de supuesto encubrimiento: “El expediente de la solicitud de Informes señalado, recayó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que era presidida por el diputado (Santiago) Nardelli (Cambiemos), sin que le diera ningún tipo de tratamiento hasta perder su estado parlamentario, lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento de la presunta maniobra fraudulenta”. Por lo que requirió que se cite a Nardelli como testigo.
“No se investigó el origen de ese depósito, ni si el mismo se encontraba manifestado en su Declaración Jurada. La identidad de fechas, y la cuantía del monto habilitan el pedido de investigación sobre éste hecho que la prueba se mostraría vinculada a las maniobras delictuales que entendemos deben ser investigadas”, concluyó la denunciante en referencia a los actos de corrupción por U$S 95 millones en el Astillero Río Santiago que detectó un peritaje de Prefectura.
Además, dentro de la ampliación de su denucia defendió la cuestión federal de los hechos denunciados: “Mantengo mi postura, respecto que la presente investigación sea analizada en el fuero federal, no sólo por la conexidad con la denuncia principal, sino porque al entender de ésta diputada el delito que se denuncia quedaría comprendido en el lavado de activos”, señaló Gonzáles.
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