La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó anteayer el procesamiento del excamarista e integrante de ese tribunal, Néstor Luis Montezanti, como coautor de los delitos -calificados como de lesa humanidad- de asociación ilícita, por su vinculación con integrantes de la organización paraestatal Triple A, y de intimidación pública llevado a cabo el 26 de agosto de 1974, en el marco de la toma de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de esa ciudad. En representación del Ministerio Publico Fiscal intervinieron en la instancia el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Fermento, quienes integran la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca.
En efecto, la imputación había sido formulada por la Unidad Fiscal el 27 de julio de 2015, cuando el imputado todavía se desempeñaba como juez de la Cámara Federal de esa jurisdicción, mientras que la audiencia para recibirle declaración indagatoria se concretó el 16 de febrero de 2018. El juez federal Walter López Da Silva había dictado el procesamiento el 23 de septiembre de 2020, que ahora fue confirmado por el tribunal revisor.
La confirmación
Con el voto de la jueza Silvia Mónica Fariña, y las adhesiones de los jueces Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, la Cámara confirmó en primer lugar que los delitos atribuidos a la organización parapolicial denominada “Triple A” constituyen crímenes contra la humanidad y por lo tanto resultan imprescriptibles, como también que esa organización actuó en la ciudad de Bahía Blanca.
Luego de analizar lo que ocurrió en agosto de 1974 en la UTN, dándole un marco contextual histórico y valorando diferentes testimonios, la Cámara concluyó que el día de la ocupación de esa sede universitaria local, la presencia de Montezanti no resultaba justificada por el ejercicio de la docencia, como alegó su defensa. El tribunal afirmó que los testigos fueron coincidentes en que Montezanti, si bien no ostentaba tenencia de algún arma, estaba allí con el grupo armado, con el que interactuaba como parte integrante y en una actitud proactiva al realizar las mismas conductas de provocación e incitación al enfrentamiento que el resto del grupo. Por ello la camarista y los camaristas concluyeron que la conducta del acusado encuadra en la figura del delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal.
La Cámara consideró probado en esta instancia que Montezanti fue también integrante de la asociación ilícita conocida como Triple A, no sólo por su participación junto a la banda armada en la ocupación en la UTN de Bahía Blanca, sino también por las relaciones que mantenía con, al menos, los máximos integrantes de la asociación ilícita, como Remus Tetu —quien fuera interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS)—, Rodolfo Ponce —por entonces diputado nacional y secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyo grupo armado utilizado en la UTN era el mismo que luego utilizó Tetu en la UNS— y Jorge Argibay y su hijo Pablo, al asistirlos a ambos como su abogado defensor en causas penales.
En relación a estos últimos, detalló que una vez ocurrido el homicidio de David Hover "Watu" Cilleruelo en los pasillos de la UNS, Jorge Argibay designó a Montezanti como abogado defensor en el marco de la causa penal en la que se investigaba el hecho. Por su parte, Pablo Argibay lo nombró como su abogado defensor luego de ser detenido a raíz del secuestro de un arma de fuego y de equipos de comunicaciones pertenecientes a la UNS.
"El trato comedido con la ya infame 'patota de Ponce' y su participación activa junto a ella que vieron los testigos mientras estuvieron frente a frente durante la ocupación de la facultad, resulta indicativo de una relación que excede lo meramente circunstancial u ocasional. De allí que lo analizado en la instancia anterior relativo al desempeño de la profesión libre de abogado, representando o defendiendo a acreditados miembros de dicha asociación ilícita (como a Remus Tetu, Jorge Argibay y Pablo Argibay), si bien es cierto que no resulta per se determinante –ya que como abogado en ejercicio de la profesión puede defender o representar a quienquiera sin que ello necesariamente lo vincule ideológica o moralmente con sus circunstanciales clientes y las actividades de éstos–, no deja de ser igualmente un indicio más a tener en cuenta tal, como argumentó el a quo [el juez de primera instancia] en su decisión, pues –insisto– la mala reputación de estas personas era notoriamente conocida en la ciudad, en particular en los ámbitos educacionales y sindicales en los que el encartado se hallaba muy bien vinculado", sostuvo la camarista Fariña en el voto que lideró el acuerdo.
En esa línea, el tribunal revisor señaló que “los elementos de convicción reunidos alcanzan para sostener en la presente etapa procesal que Néstor Luis Montezanti integró la estructura paraestatal organizada a nivel local y conocida como 'Triple A' cumpliendo funciones y roles específicos de dirección y coordinación dentro de la misma en pos de cumplir con los objetivos criminales propuestos por la organización”.
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