La justicia federal confirmó el decomiso, que había sido recurrido por el operador, informó la AFIP.
A raíz de un operativo llevado adelante por el personal de la DGI sobre actores de la cadena agropecuaria en la zona rural de Pareditas, Mendoza, la DGI constató la existencia de 891 toneladas de ajo en un establecimiento que carecía de la documentación respaldatoria correspondiente.
Al no poder comprobar su adquisición en el mercado formal, los inspectores del organismo procedieron a interdictar junto a miembros de las fuerzas federales la totalidad de la hortaliza que se encontraba en el predio, por presunta infracción al artículo 40 de la ley 11.683.
El operador recurrió la sanción por vía administrativa y luego en sede judicial. En ese sentido, el Juzgado Federal de Mendoza número 3 resolvió en forma reciente no hacer lugar a la apelación y confirmar las sanciones de clausura y decomiso aplicadas por la AFIP.
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