El Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitieron un comunicado en el que dieron cuenta del entendimiento del protocolo que “contiene las herramientas para la implementación” del cese del fuego con el grupo de la guerrilla denominado Estado Mayor Central de las FARC y que comanda alias Iván Mordisco.
El sitio del diario El espectador consigna que un borrador de este protocolo que circuló hace días denominaba al grupo insurgente “las FARC aún en armas” y que, en cambio, ahora aparecen como Estado Mayor Central de las FARC-EP, la mayor disidencia de la antigua organización que pasó a la vida civil en 2016.
De acuerdo con el medio, se estima que este grupo tiene cerca de 3.200 integrantes distribuidos en 23 frentes y cinco grandes estructuras o bloques.
El texto, firmado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y Andrey Avendaño, por las FARC-EP, define al cese al fuego bilateral como “la suspensión de acciones ofensivas entre las partes por un tiempo determinado”.
El protocolo establece también que la fuerza pública “debe enfrentar a cualquier grupo armado diferente al EMC de las FARC-EP que incursione con intenciones hostiles en el área donde hace presencia esa guerrilla”.
Además, compromete a este grupo armado a entregar al Mecanismo de Verificación a los miembros de otros grupos “enemigos” que infiltren sus tropas y sean “capturados”.
En las zonas en las que esta organización tiene presencia el Estado podrá adelantar procedimientos judiciales y policiales, pero deben ser comunicados al mecanismo.
También se acordó que las partes respetarán la misión médica, la atención de emergencias, la prestación de los servicios médicos y la vida e integridad de los pobladores que habiten las zonas donde estén las estructuras guerrilleras.
No podrán atentar contra la población civil, impedir el transporte de víveres ni obstaculizar la labor del mecanismo y están obligados a presentar la información para que este cumpla su labor. Los integrantes de la guerrilla, además, no podrán estar armados en los pueblos ni interferir en procesos electorales.
Por este entendimiento se activó otro protocolo que permite la movilización de 20 comandantes de esa disidencia hacia un punto determinado del país para realizar una cumbre de la conducción de ese grupo armado entre el martes 14 y el viernes 24 de este mes.
Cinco de esas personas saldrán en libertad provisional de las cárceles de Jamundí, Popayán, Villavicencio y La Picota, en Bogotá, entre otras, según El Espectador.
La movilización de estas personas está a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja y contará con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Paz de la OEA y la embajada de Noruega en Colombia.
Ese encuentro, acordado desde la primera reunión realizada a finales de agosto del año pasado, permitirá que este grupo armado designe sus voceros ante la mesa de negociación con el Gobierno.
Al finalizar el encuentro, esos jefes insurgentes volverán a los lugares desde donde fueron movilizados y los presos a sus sitios de reclusión, porque la suspensión de órdenes de captura solo estarán vigentes durante la realización de esa reunión.
El presidente Gustavo Petro anunció el 31 de diciembre un cese del fuego con cinco organizaciones ilegales (entre ellas las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo), pero dos días después el ELN negó ese acuerdo, y esa posibilidad se discutirá en la segunda ronda de negociaciones con el Gobierno que se hará en México.
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