La obra surge de una extensa investigación periodística sobre el caso Mackentor, un expediente emblemático que combina corrupción, Terrorismo de Estado y una prolongada persecución en la Justicia Federal, con hechos que se extienden desde 1977 hasta 2025: 48 años de impunidad. El libro desentraña la conexión entre la dictadura cívico-militar de 1976 y sectores del poder económico, y reconstruye con detalle el modo de operación de Supercemento, firma con control casi monopólico de obras de infraestructura de agua potable en las décadas de 1960, 1970 y 1980, a partir de lo que el autor describe como una “colonización del Estado”.
En ese contexto, la investigación repone el conflicto por la obra del Segundo Acueducto Villa María–San Francisco. Según el libro, a través de la dictadura se desplazó a Mackentor de la obra y la compañía Supercemento se quedó con el contrato, en paralelo con la apropiación de una fábrica de caños perteneciente a la constructora cordobesa.
Mackentor, con sedes en Córdoba y Buenos Aires y obras en todo el país, fue ocupada por militares el 25 de abril de 1977 bajo la acusación de financiar a una organización guerrillera. Directivos y empleados fueron secuestrados, aunque nunca se probó vínculo alguno con organizaciones armadas. La empresa, cuyo principal accionista era Natalio Kejner y que incluía a equipos técnicos y empleados en su propiedad, era una de las constructoras más relevantes de los años 60 y 70 —comparable a firmas como Juan Chediack e inferior en escala a IECSA del grupo Macri—. La ocupación y vaciamiento, sostiene la investigación, se concretaron con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal, especialmente a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma.
El principal beneficiario del accionar estatal y judicial, de acuerdo con el trabajo, fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en ese período eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. La empresa se habría quedado con la fábrica de caños de Mackentor y con la obra del Segundo Acueducto Villa María–San Francisco, una de las más importantes de la época. Mientras los empresarios mencionados continuaron con sus negocios, los integrantes de Mackentor murieron sin obtener justicia.
Un fallo reciente del TOF N°1 de Córdoba, dictado en julio de 2025, resolvió que Mackentor fue usurpada por el III Cuerpo de Ejército el 25 de abril de 1977 y que la intervención judicial ordenada el 2 de mayo por el juez Adolfo Zamboni Ledesma estuvo vinculada a crímenes de lesa humanidad —secuestros, detenciones, torturas y desapariciones, delitos imprescriptibles—. Al declarar nulos la usurpación y la intervención, cayeron como piezas de dominó las decisiones posteriores: la rescisión del contrato del acueducto por Obras Sanitarias de la Nación, la readjudicación a Supercemento, la compra de la fábrica de caños por esa firma y los juicios iniciados por Natalio Kejner. En la próxima etapa, la Justicia deberá determinar la extensión de los daños a reparar e indemnizaciones a las víctimas.
Para García, “el saqueo militar y judicial de Mackentor es una historia que rompe los estereotipos simplistas sobre los objetivos del golpe cívico-militar de 1976. Mackentor revela que hubo corrupción y terrorismo de Estado, las dos cosas. También que la dictadura persiguió a empresarios que se enfrentaban a su proyecto económico y a sus negocios”. El caso, afirma, reúne en un mismo mapa a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Guillermo Suárez Mason, Franco Macri, Julián Astolfoni, Supercemento y la Justicia Federal, y “es incómodo porque revela que mucha más gente tiene las manos manchadas con sangre”.
Sobre el autor: Fabián García es periodista desde 1986 y dirige el sitio ENREDACCIÓN desde 2017. Trabajó en Clarín, Día a Día, La Mañana de Córdoba y La Arena (Santa Rosa, La Pampa); en la agencia DyN; y en Radio Nacional, Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba, además de colaborar en revistas como Convivimos, Viva, Ñ y El Sur. Fue columnista invitado de Telefe Córdoba y obtuvo el Premio ADEPA a la Excelencia Periodística en 2012 y 2021 (Periodismo Científico), además de una Mención Especial ADEPA en Economía en 2017 por notas en ENREDACCIÓN. Coordinó en Córdoba la investigación del libro “Una censura sutil” (ADC y Open Initiative, 2005) y es miembro de FOPEA.
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