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Los genocidas que disfrutan de prisión domiciliaria ya son el doble de los que cumplen sus condenas en cárceles comunes

(24/03/19 - Lesa Humanidad)-.Los represores en prisión domiciliaria ya duplican a los que están en las cárceles. Los números surgen de las estadísticas que lleva la Procuración General de la Nación e indican que es un tema que se abre paso en la agenda de la Corte Suprema de Justicia, aunque el máximo tribunal aún no lo haya incorporado en su agenda para los próximos meses. La definición suprema podría llegar para la segunda mitad del año.

Juicios postergados, un caso que involucra a Techint, y la posibilidad de que la Corte trate las domiciliarias dan un panorama de la lucha por los derechos humanos en Argentina en tiempos de neoliberalismo macrista.

Son actualmente 650 los represores a los que los jueces les concedieron el arresto domiciliario, ya sea por su edad avanzada o por razones de salud. En las cárceles del Servicio Penitenciario, están alojados 252, según los datos que difundió recientemente la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad – a cargo de la fiscal Ángeles Ramos. En otras palabras, si se habla de las condiciones de detención de quienes cometieron crímenes aberrantes durante la última dictadura, debe tenerse en cuenta que el 66 por ciento de ellos está en su casa.

Los números son aún inferiores si se miran las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que publica que son 167 los reclusos por delitos de lesa humanidad los que están en sus cárceles y dos que están internados en hospitales fuera de las penitenciarías. De esos, 81 están alojados en la unidad 34 – ubicada en Campo de Mayo, la guarnición que el gobierno planea usar en parte para instalar una reserva natural y que Abuelas de Plaza de Mayo reclama que sea convertido en un sitio de memoria. Rehabilitada en 2016, la Unidad 34 ha sido el destino reclamado por acusados y condenados por crímenes contra la humanidad en los últimos tiempos.

De los 650 represores en domiciliaria, menos de un tercio cuenta con la tobillera electrónica que le permite al Ministerio de Justicia – a pedido de los magistrados – monitorear que no se violen las condiciones de detención. Según fuentes del ministerio, serían unas 200 personas procesadas o condenadas por crímenes durante la dictadura que tienen el dispositivo. ¿Por qué el número resulta bajo? En muchos casos porque la Justicia no ha pedido su instalación y, en otros casos, porque la lista de espera es larga y desde la cartera que dirige Germán Garavano han decidido darles prioridad a los casos de mujeres en conflicto con la ley penal.

Según las estadísticas de la Procuración, el crecimiento de la domiciliaria fue sostenido desde 2015,pero se registraron dos picos: en 2016 – cuando Mauricio Macri recién asumió – y en 2018. Aunque hubo casos – como el de Miguel Osvaldo Etchecolatz – en el que se revocó el beneficio a represores, la norma es que esto no suceda, incluso en casos en los que se logró probar que violaron las condiciones de detención.

La Corte
El análisis de las domiciliarias para los genocidas podría ser revisado en el segundo semestre del año, dijeron fuentes del cuarto piso del Palacio de Talcahuano. Los ministros tienen varios planteos de represores mayores de 70 años para revisar.

Con esta composición, la Corte sacó en 2017 – dos semanas antes de habilitar el beneficio del 2×1 para Luis Muiña – un fallo que revocaba una decisión de la Cámara de Casación que había dejado sin efecto el arresto domiciliario para Felipe Alespeiti, jefe de área durante la dictadura. Esa decisión había sido tomada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, mientras que Ricardo Lorenzetti y Elena Highton habían considerado que no debía tratarse el planteo.

Por ahora lo de abordar la cuestión de las domiciliarias no es más que la voluntad de algunos de los ministros, pero no ha entrado en la agenda. Lo que sí está en las miras del máximo tribunal es un caso sobre responsabilidad empresarial con el terrorismo de Estado que involucra a Techint. El caso Ingegnieros saldría el próximo 7 de mayo, según informaron desde una de las vocalías.

La causa se inició en 2008, cuando la única hija de Enrique Roberto Ingegnieros, María Gimena, le reclamó al grupo que lidera Paolo Rocca una indemnización por el secuestro de su padre, ocurrido en mayo de 1977. La empresa niega que el secuestro haya sucedido en su lugar de trabajo, pero, según consta en las denuncias y de acuerdo con un testimonio que aportó la hija, Ingegnieros habría sido convocado a la oficina de Personal, donde habría sido entregado a un grupo de tareas de la dictadura. En 2012, la Cámara del Trabajo le dio la razón a la demandante, pero Techint llevó el caso ante el máximo tribunal. En 2017, el procurador fiscal Víctor Abramovich dictaminó que la acción civil era imprescriptible por tratarse de delitos de lesa humanidad y que, por ende, correspondía rechazar el recurso de Techint.

En la Corte dicen que la inclusión de este tema en su agenda no pasó desapercibida y que generó conmoción fuera y dentro del máximo tribunal.

Juicios
Según la Procuración, desde la reapertura de los juicios, 901 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad y 142 absueltas. Treinta y cuatro represores están prófugos. El proceso de justicia tiene mucho por delante: 244 causas están todavía en la etapa de investigación y actualmente se están sustanciando catorce juicios. Uno de ellos terminará el lunes en los Tribunales de Comodoro Py, el que investigó lo sucedido en el centro clandestino de detención conocido como Sheraton.

En lo que va del año, la mayoría de los juicios que debían comenzar tras la feria fueron aplazados. La Procuración resaltó, al menos, tres casos. Uno es el que debe seguirse contra el exjuez Ricardo Lona en Salta, que quedó suspendido hasta en tanto la Corte no revise unos recursos presentados por la defensa del magistrado. Otro es el caso Chavanne, por delitos contra 28 empresarios industriales secuestrados y torturados en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que tendrá en el banquillo al espíaRaúl Guglielminetti y a Juan Alfredo Etchebarne, expresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ese proceso tiene fecha para arrancar dos días antes de las elecciones de octubre. El tercer caso es un nuevo juicio por Campo de Mayo, que incluye la represión a los trabajadores de Mercedes Benz, pero que no tendrá a ningún empresario entre los acusados. Ese juicio, después de que el tribunal alegó falta de recursos para iniciar el proceso, comenzará finalmente el 29 de abril.

Uno de los juicios que ni siquiera tiene fecha de inicio es el del Pozo de Banfield, el centro clandestino de zona sur del Gran Buenos Aires que funcionó como una maternidad clandestina y por donde pasaron los chicos y chicas de la Noche de los Lápices. A los querellantes les habían prometido que se iniciaría entre febrero y marzo de este año, pero no tuvieron más noticias.

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