“Ya llevamos dos décadas de la firma de la paz, pero aún los pueblos indígenas viven el racismo y la discriminación”, ha declarado este domingo la guía espiritual Amalia Tum, antes de encender el fuego ceremonial para la conmemoración de los 23 años del fin de la guerra civil (1960-1996) en el sitio arqueológico Kaminaljuyú, en el oeste de la Ciudad de Guatemala, la capital del país.
Tum –quien junto a delegados de 14 consejos indígenas mayas ha elaborado el altar con flores, velas y fuego alimentado con resinas de árboles, entre otros elementos– ha lamentado que, transcurridos 23 años del final de la contienda, no se le hayan dado total cumplimiento a los acuerdos pactados entre el Gobierno y las fuerzas insurgentes, y ha agregado que la comunidad indígena guatemalteca espera que en 2020 “haya un cambio en todo sentido”.
Asimismo, Lourdes Xitumul, funcionaria de la estatal Secretaría de la Paz, también presente en la ceremonia, ha señalado, a su vez, que la entidad a su cargo “es la primera en reconocer que hay mucha brecha y muchos desafíos en el cumplimiento de los acuerdos de paz que son los sustantivos”.
Según datos oficiales, casi 6 de cada 10 guatemaltecos viven en la pobreza, pero la cifra llega incluso al 80 % en algunas comunidades indígenas. Los pueblos indígenas maya, xinca y garífuna (negros del Caribe) representan el 44 % de los 15 millones de guatemaltecos, de acuerdo con el nuevo censo de población publicado en septiembre pasado.
En este sentido, Xitumul ha explicado que no se pueden esconder las cifras de la pobreza, la desigualdad y la marginación que hay principalmente entre los grupos vulnerables, aunque, ha opinado, que se debe rescatar lo “fundamental”, que fue el alto el fuego.
Conforme a los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revelados en 1999, el genocidio ocurrido durante el mandato de facto de Ríos Montt fue uno de los más cruentos de la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, y que dejó un saldo de 200 000 muertos y desaparecidos.
La ONU responsabilizó del 93 % de los casos de las atrocidades atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, muchas de ellas masacres en poblados indígenas.
La guerra civil en Guatemala finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del pacto de paz firme y duradera, al que le antecedieron varios compromisos para atender las causas que provocaron la contienda, como la pobreza.
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