En una jugada que puede emparentarse con el manejo turbio realizado por los medios en combinación con sectores judiciales con el suicidio del polémico ex fiscal Nisman, desde la alianza derechista salieron con todo a plantear, aún antes de conocerse que Gutiérrez había sido asesinado, que lo suyo era un crimen político.
Casi en paralelo y ya transcurridos un par de días del hecho, ayer sábado la legión de trolls rentados de Marquitos Peña Braun salió junto a los dirigentes y legisladores del conglomerado de fuerzas neoliberales a instalar el hashtag #Cristinaasesina, que se instaló el el tope de menciones de Twitter hasta ser desplazada en el último tramo por la respuesta #SeCayóLaOperetaM.
Lo cierto es que si bien todo parecía a pedir de buitres en el tema Gutiérrez, hechos fortuitos, como la rápida identificación de sus victimarios parece, no solo haber arruinado lo que desde la oposición derechista entendieron una oportunidad de salir del centro de la escena judicial, sino que además le ha significado un duro revés que seguramente le será difícil remontar por lo evidente de la operación de prensa montada.
El comunicado completo
Un crimen de extrema gravedad institucional
El secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional.
Pedimos que, por la posible conexión de su muerte con delitos federales, la investigación pase a la órbita de la justicia federal. Y que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso. La justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato.
Vale resaltar esto último ya que el juez, la fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz.
Por último, pedimos explicaciones por la demora en hacer pública la aparición del cadáver. Esta demora podría haber generado una manipulación de la escena del crimen.
Pedimos que, dada la gravedad institucional que representa, su investigación reciba la mayor atención y la mayor transparencia por parte de las autoridades políticas y judiciales del país.
Firmantes: Patricia Bullrich y Federico Angelini (PRO); Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR); Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (CC).
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