Unos días antes del fallo del Supremo Tribunal, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un texto que obtuvo dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, gracias a las firmas del Frente de Todos.
El asunto, a pesar de que estuvo a la vista de los senadores desde principios de diciembre, nunca pudo tratarse en los meses de verano, en el marco del período de sesiones extraordinarias.
El miércoles último, el oficialismo unificó criterios, luego de la votación dividida de la semana pasada del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional, y apoyó masivamente el proyecto de ley que envió el presidente Alberto Fernández, que fue defendido el martes en una audiencia el martes pasado el ministro de Justicia, Martín Soria, quien estuvo acompañado por el secretario de la cartera, Juan Martín Mena.
El proyecto del Ejecutivo también fue apoyado por el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, ante el plenario de comisiones.
Al finalizar las discusiones en comisión, la iniciativa enviada por el gobierno obtuvo la mayoría de las firmas, seguida por la que presentó Juntos por el Cambio y, en último lugar, el proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck, habitual aliado del Frente de Todos.
Aunque aún no fue confirmada, la sesión se llevaría a cabo el jueves y, si bien todos los expedientes se pondrán en discusión, al llegar la hora se votará primero el del Poder Ejecutivo por ser el dictamen de mayoría.
Para que el proyecto del gobierno continúe su camino hacia Diputados, el Frente de Todos necesita de la presencia de sus 35 senadores y el voto positivo de sus dos aliados: la misionera del Frente Renovador Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Weretilneck.
Sin embargo, el representante de Juntos Somos Río Negro ya anunció que apoyará su propia iniciativa, por lo que el oficialismo debe lograr el apoyo de la riojana María Clara del Valle Vega, una senadora de origen peronista, ex aliada de Juntos por el Cambio y hoy enemistada con algunos dirigentes de PRO.
La iniciativa del Ejecutivo deja afuera de la conformación del cuerpo a la Corte Suprema, tal como venía ocurriendo en la reforma de 2006, y establecía otros parámetros, además de sumar más consejeros.
El Consejo debe intervenir en el proceso de selección de jueces y eventuales cuestionamientos a su desempeño y, de acuerdo a legisladores del Frente de Todos que la presidencia esté a cargo de la Corte puede "influir" en las decisiones de otros miembros.
El proyecto del oficialismo
El dictamen del proyecto del Poder Ejecutivo propone elevar de 13 a 17 los miembros del Consejo y suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo.
También incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales.
La propuesta oficial establece que haya además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.
El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D'Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.
También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.
El interbloque de Juntos por el Cambio, que irá al pleno con un dictamen propio, propone ampliar a 20 miembros el Consejo, y apoya que la presidencia esté cargo del titular de la Corte, algo a lo que el FdT se opone.
La oposición también propone como miembros a cuatro jueces o juezas, elegidos por sistema D'Hont, ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Gobierno, y otros dos del ámbito académico y científico.
Finalmente, Weretilneck, quien se quejó de que las mayorías parlamentarias dejan afuera "el federalismo", presentó uno propio que en vez de tener un Consejo como el actual propone consejos a nivel de distritos judiciales para que los representantes sean de cada distrito judicial.
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